BOLETIN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
En el marco del décimo aniversario de los hechos delictivos ocurridos en Acteal, Amador Rodríguez Lozano, Ministro de Justicia del Estado, acompañado por el Fiscal de Justicia Indígena, Mariano López Pérez y del recién designado Fiscal Especial del Caso Acteal, Noé Maza Albores; dio a conocer que en cumplimiento a la orden de Búsqueda, Localización y Presentación, la Policía Ministerial presentó ante el Fiscal del Ministerio Público, al señor Antonio Santiz López, para que rinda su declaración ministerial.
Explicó que a pesar de que Santiz López fue absuelto por los tribunales federales de la responsabilidad penal de los hechos del 22 de diciembre de 1997, debido a las deficiencias de las pruebas de cargo que en su momento presentó la Procuraduría General de la República, existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, emitidas por el Juez Penal del fuero común, según los expedientes penales 465/2000, 469/2000 y 477/2000, por los diversos delitos de ROBO CON VIOLENCIA y DAÑOS, en agravio de miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas”, cometidos previos a la masacre; “mandamientos judiciales que serán cumplimentadas una vez que éste haya rendido su declaración”, indicó Rodríguez Lozano.
Asimismo, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, de ir al fondo en las investigaciones, el Fiscal Especializado de Justicia Indígena, Mariano López Pérez; dijo que en este contexto, la Fiscalía Especial, ha llevado a cabo diversas diligencias para agotar las líneas de investigación, entre las que sobresalen:
Por orden del entonces Presidente de México LIC. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones de los sucesos ocurridos en el campamento de desplazados conocido como “Lo Naranjos”, ubicado en las inmediaciones del Poblado de Acteal, que en su momento inició la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, en consecuencia, la Institución Federal Ejercitó Acción Penal en contra de 128 personas civiles, así como en contra de 15 ex servidores públicos, de los cuales 79 personas civiles se encuentran recluidas en el Penal del “Amate”, compurgando diversas penas y 29 personas con ordenes de aprehensión pendientes por cumplimentarse, entre ellos, 27 son indígenas y 2 ex funcionarios públicos JORGE GAMBOA SOLIS ex coordinador de Seguridad Pública del Estado y JOSE LUIS RODRIGUEZ OROZCO, ex Director de Seguridad Público del Estado (los mandamientos judiciales obran en la Procuraduría General de la República).
En esta tesitura, al formalizar esta nueva Fiscalía no se encontró antecedentes alguno de las investigaciones en el fuero común, lo que conllevó al personal ministerial constituirse a las oficinas de la Procuraduría General de la República para indagar, si en los archivos de esa dependencia existían desglose o en estado de reserva indagatorias en contra de ex funcionarios públicos, así como en contra de personas civiles, encontrándose dos averiguaciones previas que habían sido enviadas a reserva, de las cuales se solicitaron copias certificadas, radicándose bajo los número FECACH/001/2007 y FECACH/002/2007. Del estudio y análisis de las mismas, se trazaron las siguientes líneas de investigación:
1.- Si existieron personas civiles o funcionarios del Gobierno Estatal o Federal, como probables autores intelectuales en la masacre del 22 de diciembre de 1997;
2.- Si participaron otros ex funcionarios públicos, como autores materiales en lo hechos que se investigan;
3.- Si existieron otros ex funcionarios del Gobierno Estatal y Federal como garantes de la sociedad, que hayan incurrido en conductas omisivas; y
4.- Si existen otras personas civiles (indígenas), como probables autores materiales y en contra de quienes, la Procuraduría General de la República no haya ejercitado acción penal en su momento, cuando atrajo el caso.
En este contexto, la Fiscalía Especial lleva a cabo diversas diligencias para agotar las líneas de investigación, entre las que sobresalen las declaraciones rendidas por el ex gobernador del Estado LIC. JULIO CESAR RUIZ FERRO y el ex Subsecretario General de Gobierno LIC. URIEL JARQUIN GALVEZ, así como las declaraciones de los ex Secretarios de Pueblos Indígenas DR. JACINTO ARIAS PEREZ y el Notario Público LIC. ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ; así como, 22 testimonios de ex autoridades municipales y ex agentes municipales de Chenalhó, quienes tuvieron comunicación con autoridades estatales y federales durante el año de 1997; las declaraciones de JACINTO ARIAS CRUZ (preso) ex presidente municipal del Comité Municipal del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; LORENZO PÉREZ VÁZQUEZ y ROBERTO MÉNDEZ GUTIÉRREZ (presos) autores materiales confesos.
De igual forma, se llevó a cabo la excarcelación de ROBERTO MÉNDEZ GUTIÉRREZ y LORENZO PÉREZ VÁZQUEZ, bajo un fuerte operativo de Seguridad Pública coordinado por el personal ministerial, el 22 de mayo del presente año y fueron trasladados a la Colonia Miguel Utrilla “ Los Chorros”, para la búsqueda y localización de las armas de fuego, que manifestaron haber utilizado el día de los hechos, asegurando 2 armas de fuego de las conocidas como cuernos de chivo y un cargador en mal estado, en las montañas del citado lugar.
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