Visitador Adjunto de la CEDH, en problemas

El Visitador Adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el municipio de Las Rosas, Joel Raúl Guillén Sántiz, haciendo honor a su cargo me visitó, en mi casa, y luego en mi escuela, para solicitar mi “apoyo”.

Vaya, vaya.

¿En qué consiste el “apoyo” de mí hacia él?

En que me calle la boca, eso, en amordazarme, sí, en amarrarme los dedos para que yo no escriba sobre un caso de corrupción, tráfico de influencia y probablemente robo. No sé de derecho, como él presume y presume bien, aunque no creo que valga la pena recordármelo a cada rato. Entonces ignoro qué otros delitos se configuren en un caso que voy a exponer en los próximos días.

Por lo pronto, cabe señalar que su petición de “amordazamiento” fue en reacción a un párrafo publicado el 16 de abril en El Fronterizo del Sur, cuando yo solicitaba información para la localización de Juan Manuel Díaz Palomares, quien durante un tiempo fuera Secretario de Acuerdos en el juzgado de Comitán, y luego degradado a Defensor de Oficio por mañoso y corrupto, quien, junto con Guillen Sántiz y Xóchitl Gordillo, abogados comitecos, están metidos en un escándalo que está a punto de hacerse público, para más señas hoy lunes, cuando una organización social salga a las calles a denunciarlo públicamente, allá en las instalaciones del Juzgado Penal. Aguas, señores juzgadores, lleven tortas y refrescos, porque habrá toma de edificio.

Pues bien, por lo pronto ya En Caliente obtuvo respuesta, y Juan Manuel Díaz Palomares fue ubicado y localizado, en Tuxtla Gutiérrez, trabajando en la Contraloría General de Gobierno. Ah, pucha, qué suerte, seguro es de los que no se bañan.

Aquí la situación es que pasarán a traer a una institución, el juzgado penal, que no debiera cargar con los pecados de un par de funcionarios que, por lo visto, no han aprendido a respetar a las instituciones donde antes han laborado y donde hoy laboran.

El error de Joel Raúl Guillén Sántiz es haber hecho una gestión en su calidad de Visitador Adjunto de la CEDH y cobrar por ese servicio la cantidad de mil pesos, según denuncia de la afectada, una humilde señora que lleva el pecado de haber parido a un joven delincuente.

Aunque antes había ya cometido otro error: hacerle caso a su adinerada “pareja” que apoyara a su “comadre” para la liberación del detenido (la mujer, calladita, se ve mucho más bonita jijiji).

El problema fue que utilizó sus influencias para hacer el chequeo de un expediente, al que no le hubieran permitido de no ser funcionario de la CEDH, y luego cobrar por ello.

Y la última situación es pretender callar mi pluma, amordazarme.

Mejor que resuelvan, entre los tres, la injusticia que están cometiendo. Tienen varias horas antes de que estalle el conflicto y se convierta en escándalo estatal, porque son funcionarios de entidades estatales.

Qué pena.