César García Silva, Supervisor de
Tres adultos decidieron unir fuerzas para avasallar los derechos humanos de un menor de 9 años, el pequeño Leonardo de Jesús Palacios García.
Primero fue la maestra Tania Isabel Cruz López, quien no sólo priva de su libertad (precisamente a la hora de recreo) al pequeño, sino que lo acusa de acosador sexual y promotor del consumo de enervantes, otro poco y le llama narcotraficante. Quizá se pasó un poco de lanza.
Pero, no contenta con eso, fue con
Si ya con esa campaña los compañeros y compañeras de grupo del pequeño se le habían puesto en contra y le aplicaban la terrible ley del hielo, entre maestra y directora decidieron que era hora de dar un paso hacia delante en esa intensa campaña en contra de los derechos del alumno del cuarto “B”, y juntas acordaron realizar una reunión de padres de familia para redondear la hazaña.
El desprestigio del menor y, por tanto, el daño moral a su persona, iba más allá del aula, llegó a toda la escuela y, después, a gran parte de Comitán, gracias a la intervención de algunos medios de comunicación.
Ya cuando el escándalo había llegado lejos llegó la intervención del Supervisor de
Qué derechos del niño ni qué nada. Seguramente a él lo convencieron también de que el pequeño Leonardo había dejado de ser un niño para convertirse en un monstruo, quizá para entonces Leonardito ya era un violador de primera y jefe de un cártel mexicano con influencia en los Estados Unidos y en Colombia.
Con esos elementos, prejuzgando, se solidarizó con las maestras y en lugar de hacer algo para defender los derechos de Leonardo decidió que era mejor expulsarlo de su salón de clases.
La madre del pequeño, Francisca Alejandra García Figueroa, presente en la reunión donde se decidió esa canallada, vio impotente cómo la maestra se salía con la suya, en lugar de que ésta fuera severamente castigada por violar sistemáticamente los derechos de este y otros alumnos y alumnas más, a quienes suele dejar sin recreo cuando no cumplen con sus indicaciones.
“Brincos daba de gusto”, dijo la señora Francisco Alejandra, molesta y frustrada.
Así, a partir de hoy en adelante todos los días Leonardo será señalado con el dedo índice como el niño “acosador sexual” y “promotor de consumo de enervantes”, puesto que el expulsado fue él y no la maestra.
Así la maestra aparecerá frente a toda la comunidad escolar como “la que tenía razón”, la “víctima”, la que “sufre” la mala suerte de tener a un niño que es poco menos que un monstruo, a juzgar por todas las acusaciones en su contra.
Si esto no es violación de los derechos humanos de un alumno entonces yo no sé que significa esa palabra ni menos para qué pictes el gobierno de México decidió firmar la Declaración de los Derechos del Niño ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU), ratificada en 1990.
Víctor Hugo Domínguez Argueta, a pesar de que no forma parte del nuevo ayuntamiento está aprovechando su influencia sobre el futuro presidente para que el mercado municipal se construya en las inmediaciones del campo municipal de fútbol donde el ya adquirió terrenos y con ello logre un beneficio económico, ya que se constituyó en un nuevo parásito de la política porque no tiene un oficio u ocupación reconocidas.
De igual manera está procediendo el Prof. Héctor Aguilar Ruiz, primer regidor en la planilla de Chemingo Argüello, quien pretende continuar laborando en la escuela primaria, realizando un trabajo mediocre y continuar acosando a las muchachas que estudian en el IEA que dedicarse de lleno a su trabajo de regidor, pero eso el pueblo no lo va a permitir ni la ley orgánica municipal lo autoriza ya que ésta indica claramente que los integrantes de los ayuntamientos no podrán desempeñar otros empleos por los que pudieran recibir remuneración alguna a menos que el municipio estuviera imposibilitado para cubrir su sueldo correspondiente. También ha solicitado a Chemingo Argüello que su salario se difiera a través de estímulos y compensaciones para que pronto pueda contraer nupcias con Carolina y evitarse el riego de que su ex-esposa le solicite el 50 % de sus ingresos como por derecho le corresponde.
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