CONFLICTO MAGISTERIAL CHIAPANECO, EN LAS MISMAS

Para las presuntas senadoras Irma Martínez Manríquez, Félix Mendoza Acuña, Job Bernache Guzmán, José Isabel Meza Elizondo y Cerda Franco, la situación política de Chiapas está resuelta y no hay nada que decir ni hacer. Rosendo Galíndez es el Secretario General de la Sección VII, punto.

Estas personas, y los de la Comisión Negociadora del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, tildan a los líderes magisteriales del movimiento democrático de radicales e intransigentes.

¿Qué querían? ¿Que transigieran a su demanda de Congreso Seccional democrático por su linda cara? Temo que ni por su linda cara, ni por algo más debajo de su linda cara. El sexo y la revolución no precisamente son compatibles, aunque quién sabe, yo no soy revolucionario, quizá precisamente por lo mismo prefiero lo otro jejeje.

Y dicen, además, por si había alguna duda: "nunca se puso en la mesa la salida del secretario general que reconoció el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no es negociable la posición de Rosendo Galíndez Martínez, sin embargo, se abrieron ocho espacios en el Comité Ejecutivo Seccional y que reconoce el propio Tribunal".

Al menos, para cuidar las formas y buscar algo de legitimidad, un poquito de gobernabilidad, ofrecen espacios, no caen en la necedad necia y absurda de José Domingo Argüello, el alcalde de Las Rosas.

Pero, en cualquier caso, la comodidad de esta postura no mueve en ningún ápice el conflicto magisterial chiapaneco, lo deja igual o peor.

Seguirán los bautizados por ellas y ellos como “los arbitrarios cierres de calles y avenidas de la capital del estado, toma de las casetas de cobro de la autopista San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, entre otros desmanes”. Ya lo dijeron. Si por eso hay que respetar la ley y, en este caso, los propios estatutos del SNTE.

Si en el proceso de imposición de Rosendo Galíndez no hubiera ocurrido lo que todos sabemos, en primer lugar el usurpador no estaría donde está y, en segundo, habría tranquilidad en toda la entidad y los miles de niños afectados por el paro indefinido de labores no existiría.

Por si acaso Sanjuana Cerda Franco, La coordinadora de la Comisión Negociadora del CEN del SNTE, amenazó: “la toma de edificios públicos, vías de comunicación, terminales aéreas o casetas de cobros, son hechos que se sancionan en los Códigos Penales porque constituyen una flagrante violación a los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales a terceros, son delitos federales y pueden terminar en cárcel.

Como si los profes no lo supieran. Lo saben bien y les vale un soberano cacahuate, o, peor aún, la cáscara del cacahuate.